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El 'Gran Hermano ' nos vigila
Los espacios sin videovigilancia en Gipuzkoa se reducen. Irun y Donostia ya tienen cámaras en plena calle
13.12.09 - 02:44 - JUANMA VELASCO [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | SAN SEBASTIÁN.

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Nos miran. Una cámara de videovigilancia vela por
la seguridad de los transeúntes en la avenida de Tolosa
donostiarra. :: MIKEL FRAILE

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¿Controlados o más seguros? Agentes de la Policía Municipal de Irun
vigilan el recién estrenado 'videowall', donde se recogen las imágenes
que se graban en la calle. :: M. FRAILE


LA CIFRA

70%

Siete de cada diez ciudadanos se muestra favorable a la colocación de cámaras de seguridad o videovigilancia en plena calle, según el barómetro del CIS. Quienes ven con buenos ojos estos dispositivos argumentan que proporcionan más seguridad y mayor protección.

Probablemente mientras comience a leer este reportaje usted estará siendo grabado por una cámara de vigilancia. Haga la prueba. Levante la vista del periódico -o del ordenador-, mire hacia arriba y empiece a contar cámaras. A buen seguro encontrará alguna si está dentro de un autobús, en el tren, en una estación, en un edificio público, esperando a que le atiendan en el banco, cerca de un semáforo de una calle principal de su ciudad, en su puesto de trabajo, en una gasolinera, en un estadio de fútbol...

El 'Gran Hermano' vigila Gipuzkoa. Cientos de cámaras de video graban el día a día de sus ciudadanos. Las hay por todas partes y, en los últimos tiempos, también en plena calle. Velan por la seguridad pero se cobran un peaje muy valioso para muchos: el de la intimidad.

Irun y San Sebastián, que ya disponían de estos dispositivos para controlar el tráfico, ahora han instalado en sus calles cámaras para velar por la seguridad de sus ciudadanos. Todos los movimientos de quien pasa por allí quedan grabados. En el caso de la ciudad fronteriza, el Ayuntamiento instaló estos dispositivos en septiembre en tres calles de los barrios de San Miguel y El Pinar para mejorar la seguridad ciudadana. El año que viene también se colocarán en la zona fronteriza de Behobia.

En San Sebastián, 30 cámaras garantizan la seguridad del túnel del nuevo bidegorri Morlans-Ibaeta. A finales de noviembre se instalaron nueve cámaras más en el pasadizo de Atocha y no se descarta ampliar la vigilancia. Se pierde intimidad pero se gana en seguridad.

La pregunta es sencilla. ¿Los ciudadanos están dispuestos a ceder parte de su intimidad en aras de más seguridad? La respuesta, en cambio, no queda tan clara y, cuanto menos, genera dudas entre quienes defienden a capa y espada el derecho a su intimidad y quienes están dispuestos a ceder una cuota para sentirse más seguros.

Si se toma como referencia el último barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), está claro: siete de cada diez ciudadanos son favorables a la colocación de cámaras de videovigilancia. Los que ven con buenos ojos estos dispositivos, en su mayoría argumentan que proporciona «más seguridad y mayor protección». Quienes están en contra de la proliferación de cámaras consideran que «perderían intimidad y privacidad».

Tampoco queda claro que la instalación de este tipo de dispositivos sea eficaz a la hora de lograr que desciendan los índices de criminalidad en alguna zona. El caso del Reino Unido, el país con más cámaras de videovigilancia del mundo (4,2 millones), es paradigmático. Un equipo de investigación de la Universidad de Leicester analizó de qué manera afectaba la vigilancia a la criminalidad en áreas seleccionadas. El estudio reveló que la delincuencia sólo se redujo en dos de las 14 áreas sometidas al control del 'Gran Hermano'.

En opinión de Teresa Laespada, socióloga de la Universidad de Deusto, «desde los atentados del 11-S se ha vivido una obsesión por las medidas de seguridad que antes no existía». Según explica, «socialmente hemos cambiado absolutamente lo que significa la seguridad. Antes la vinculábamos al derecho individual de libertad y está vinculada más a un concepto colectivo de 'que no me hagan daño'. Este cambio es el que genera que la gente acepte sin ninguna dificultad, casi mansamente, el hecho de que existan cámaras de seguridad en muchas partes».

En beneficio del ciudadano

Para Laespada, con la proliferación de estos dispositivos la ventaja es que «hay un incremento importante en la sensación de seguridad» pero «perdemos absolutamente la posibilidad de movernos con libertad en espacios públicos concretos y dejamos que exista un gran ojo que vigila lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer».

La opinión del concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de San Sebastián, Enrique Ramos, es bien distinta. Según explica, la videovigilancia instalada en la calle «en absoluto vulnera el derecho a la intimidad puesto que el uso que se hace de las imágenes es en beneficio de la ciudadanía, para mejorar la seguridad en las calles».

Según explica, «la regulación de estos elementos técnicos es muy garantista de los derechos de las personas. Los sistemas de videovigilancia de seguridad ciudadana requieren la autorización de la Comisión Vasca de Videovigilancia en la que está integrado el Poder Judicial y para obtener la autorización han de acreditarse necesidades objetivas y mecanismos de protección efectivos de los derechos de las personas».

En opinión de Ramos, «el principal objetivo y el que está demostrado que se cumple es el efecto disuasorio». Según explica, la video-vigilancia permite una rápida intervención de las patrullas en caso de ser necesario, la evaluación del uso de los itinerarios y aumenta el nivel de percepción de seguridad de los ciudadanos.

En Irun, las cámaras se han colocado en tres puntos de los barrios de San Miguel y de El Pinar. «Se había observado la confluencia de una serie de infracciones y delitos en la vía pública. Además, los vecinos y comerciantes de la zona tenían una percepción de aumento de la inseguridad. Ello nos llevó a proponerles esta solución, que fue bien aceptada», explica Maite Cruzado, delegada de Relaciones con los Ciudadanos de Irun.

Tras dos meses de funcionamiento, el balance ha sido «bueno». Según explica Cruzado, «cumplen un papel improtante en cuanto a disuasión y prevención. Las cámaras se combinan con la presencia policial a pie y se nota más tranquilidad en la zona. Es además un elemento de trabajo que puede aportar datos en una investigación. Y los ha aportado».

De lo que cabe duda es que, en ocasiones bien probadas, las cámaras de seguridad han servido para identificar a delincuentes o servir de prueba en procesos judiciales. Este mes, sin ir más lejos, el juicio por la muerte de la joven irundarra Nagore Laffage fue un claro ejemplo. Durante las sesiones, se emitió el material grabado por cámaras de seguridad de bancos en las que se veían las últimas horas de la joven en compañía del autor confeso del crimen.

Aplicar la normativa

Si es delicado el hecho de ser grabado pro una cámara, más importante es el celo con el que se instalan esas cámaras y el uso que se hace del material grabado. En el caso de San Sebastián las imágenes que graban en el paso subterráneo de Atotxa se guardan durante siete días. «Si no se han registrado incidentes se borran de forma automática», explica Ramos.

Las imágenes son controladas por agentes de la Guardia Municipal. «El material grabado sólo se visualiza en el caso de que se haya producido una incidencia y se pone al servicio de la investigación», añade el concejal donostiarra. En Irun, el modo de funcionamiento es similar. Las cámaras no registran sonido y unos carteles advierten de su presencia.

Con videovigilancia o sin ella, la realidad es que las cámaras pueden grabar robos e incluso asesinatos, pero no pueden evitar que ocurran.