LUIS F. CRESPO ZORITA. 19.11.2009 20 Minutos

El 20 de noviembre se celebran los 20 años de la Convención de la ONU sobre los derechos del niño, que fija los 18 años de edad como limite temporal para la responsabilidad penal. En España, el Art.25.2 de la Constitución ordena que las penas privativas de libertad y las Instituciones que las ejecutan estén orientadas a procurar la reeducación y reinserción social de los condenados. En el caso de los menores de 14 a 17 años de edad se establecieron, desde la Ley 5/2000, garantías añadidas en defensa de los intereses del menor, pero desde entonces la dejación administrativa por parte de los gobiernos autonómicos, delegando la gestión de los Centros en entidades supuestamente no lucrativas (sólo Cataluña, Extremadura, Ceuta y Canarias gestionan directamente), ha puesto en manos privadas la libertad de nuestros jóvenes.

Si existe algún lugar cerrado a la participación social y a la transparencia administrativa, estos son los Centros de internamiento de menores. Ha transcurrido tiempo suficiente para hacer balance de los efectos producidos por Ley del Menor, exigir que las Administraciones asuman su responsabilidad directamente y encontrar fórmulas ágiles para que la sociedad entre en estos Centros, con todas las consecuencias. El compromiso ciudadano con los presos jóvenes resulta imprescindible durante el internamiento, pero sobre todo al alcanzar la libertad.