Gobierno Vasco destina 97,7 millones a escoltas privados
El departamento vasco de Interior ha oficializado su apuesta por dejar en manos privadas buena parte de las labores de protección a personas amenazadas con los 97,7 millones de euros que ha destinado a este fin en los presupuestos del próximo año. Esta cifra supone 32,7 millones de euros más que los 65 millones que la anterior consejería consignó en las cuentas del presente ejercicio para la contratación de guardaespaldas privados.
Este aumento no es sino el reflejo de la política enarbolada por la consejería que dirige Rodolfo Ares, después de que el pasado mes de junio retirara a una cantidad importante de ertzainas que realizaban tareas de escolta a miembros de la judicatura, del Gobierno vasco y ex consejeros, sustituyéndolos por escoltas de empresas privadas. Posteriormente, en octubre, relevó a 52 ertzainas del total de 254 dedicados a labores de acompañamiento de personas amenazadas, devolviéndoles a sus comisarías de destino originales. Todo ello con el objetivo confeso de sacar a la calle al mayor número de agentes posible para realizar tareas de seguridad ciudadana. Esto no evitó múltiples quejas tanto de los vips que perdieron la protección especializada como de sindicatos de la Policía vasca, que advirtieron contra una "merma en el servicio".
En realidad, esos 97,7 millones de euros consignados para el año próximo suponen una adecuación al coste real de este servicio, ya que este mismo año la partida inicial de 65 millones destinada a seguridad privada por el anterior Ejecutivo se ha ampliado en 32 millones. Más aún, la cantidad prevista para 2010 está abierta y se contempla aumentarla con toda probabilidad, toda vez que el gasto real de este año ascenderá finalmente a un total de 106 millones de euros.
Durante la presentación ayer, ante la Comisión de Presupuestos del Parlamento vasco, de la partida correspondiente a Interior en el proyecto de Ley de Presupuestos de Euskadi para 2010, Rodolfo Ares desveló además el número de ertzainas que siguen realizando tareas de protección. Se trata de 225 berrozis o miembros de la unidad especial de la Ertzaintza, agentes entrenados específicamente para esta tarea y que escoltan al lehendakari, los consejeros del Gobierno vasco o miembros de la magistratura; y los 202 agentes que prestan este servicio en comisión de servicios, es decir, que no forman una unidad en sí misma dentro del Cuerpo.
La creación de dicha unidad ha sido una reivindicación tradicional de los sindicatos policiales respecto a un servicio, el de acompañamiento, que llegó a estar integrado por 300 agentes y que se ha reducido a los actuales 202 tras el reciente traslado de 52 ertzainas. Centrales sindicales como ESAN han denunciado que la verdadera intención del departamento es privatizar completamente este servicio y sacar a esos dos centenares de agentes a la calle, lo que ha sido negado reiteradamente por la consejería.
La partida total de Interior para el próximo ejercicio será de 710 millones de euros, lo que supone un 6,9% del presupuesto general y un aumento del 4,4% sobre la cantidad consignada para 2009, que ascendió a 680 millones de euros.
En lo que a la lucha contra el terrorismo y el apoyo a las víctimas se refiere, el departamento dirigirá 225 millones de euros, incluidos más de dos millones para garantizar la seguridad en las sedes de los partidos políticos. Ares señaló que "la protección de las personas amenazadas es una prioridad a la que se dedicarán todos los recursos que objetivamente sean necesarios".
Se espera además que los partidos consensúen una enmienda para destinar 750.000 euros a dotar de seguridad a las sedes de los sindicatos amenazados por ETA. "Queremos que la gente amenazada reciba la mejor protección y no vamos a escatimar esfuerzos", subrayó el consejero. Agregó que "el terrorismo también es un lastre en nuestro crecimiento económico".
El proyecto de presupuestos destina a su vez 2,3 millones de euros para mejorar el mantenimiento y la seguridad de las comisarías de la Ertzaintza, y seis millones a nuevas inversiones para incrementar dicha seguridad mediante la instalación de muros perimetrales y sistemas de vigilancia.
polémica La comparecencia de Rodolfo Ares ayer en Gasteiz también tuvo como protagonista lo que denominó la "nueva División Antiterrorista" del departamento de Interior, que integra a los especialistas en la desactivación de explosivos y que contará con un presupuesto de 4,3 millones de euros. La misma aspira además a contar con una plantilla de 500 agentes.
Este área ha estado envuelta en la polémica por el afán del nuevo Gobierno vasco del PSE por venderla como de nueva creación, lo que ha sido negado por los anteriores responsables de Interior. Juan Mari Atutxa llegó a afirmar que esas aseveraciones le "revolvían el estómago" y suponían un ultraje a la labor anterior de los ertzainas.
El departamento vasco de Interior ha oficializado su apuesta por dejar en manos privadas buena parte de las labores de protección a personas amenazadas con los 97,7 millones de euros que ha destinado a este fin en los presupuestos del próximo año. Esta cifra supone 32,7 millones de euros más que los 65 millones que la anterior consejería consignó en las cuentas del presente ejercicio para la contratación de guardaespaldas privados.
Este aumento no es sino el reflejo de la política enarbolada por la consejería que dirige Rodolfo Ares, después de que el pasado mes de junio retirara a una cantidad importante de ertzainas que realizaban tareas de escolta a miembros de la judicatura, del Gobierno vasco y ex consejeros, sustituyéndolos por escoltas de empresas privadas. Posteriormente, en octubre, relevó a 52 ertzainas del total de 254 dedicados a labores de acompañamiento de personas amenazadas, devolviéndoles a sus comisarías de destino originales. Todo ello con el objetivo confeso de sacar a la calle al mayor número de agentes posible para realizar tareas de seguridad ciudadana. Esto no evitó múltiples quejas tanto de los vips que perdieron la protección especializada como de sindicatos de la Policía vasca, que advirtieron contra una "merma en el servicio".
En realidad, esos 97,7 millones de euros consignados para el año próximo suponen una adecuación al coste real de este servicio, ya que este mismo año la partida inicial de 65 millones destinada a seguridad privada por el anterior Ejecutivo se ha ampliado en 32 millones. Más aún, la cantidad prevista para 2010 está abierta y se contempla aumentarla con toda probabilidad, toda vez que el gasto real de este año ascenderá finalmente a un total de 106 millones de euros.
Durante la presentación ayer, ante la Comisión de Presupuestos del Parlamento vasco, de la partida correspondiente a Interior en el proyecto de Ley de Presupuestos de Euskadi para 2010, Rodolfo Ares desveló además el número de ertzainas que siguen realizando tareas de protección. Se trata de 225 berrozis o miembros de la unidad especial de la Ertzaintza, agentes entrenados específicamente para esta tarea y que escoltan al lehendakari, los consejeros del Gobierno vasco o miembros de la magistratura; y los 202 agentes que prestan este servicio en comisión de servicios, es decir, que no forman una unidad en sí misma dentro del Cuerpo.
La creación de dicha unidad ha sido una reivindicación tradicional de los sindicatos policiales respecto a un servicio, el de acompañamiento, que llegó a estar integrado por 300 agentes y que se ha reducido a los actuales 202 tras el reciente traslado de 52 ertzainas. Centrales sindicales como ESAN han denunciado que la verdadera intención del departamento es privatizar completamente este servicio y sacar a esos dos centenares de agentes a la calle, lo que ha sido negado reiteradamente por la consejería.
La partida total de Interior para el próximo ejercicio será de 710 millones de euros, lo que supone un 6,9% del presupuesto general y un aumento del 4,4% sobre la cantidad consignada para 2009, que ascendió a 680 millones de euros.
En lo que a la lucha contra el terrorismo y el apoyo a las víctimas se refiere, el departamento dirigirá 225 millones de euros, incluidos más de dos millones para garantizar la seguridad en las sedes de los partidos políticos. Ares señaló que "la protección de las personas amenazadas es una prioridad a la que se dedicarán todos los recursos que objetivamente sean necesarios".
Se espera además que los partidos consensúen una enmienda para destinar 750.000 euros a dotar de seguridad a las sedes de los sindicatos amenazados por ETA. "Queremos que la gente amenazada reciba la mejor protección y no vamos a escatimar esfuerzos", subrayó el consejero. Agregó que "el terrorismo también es un lastre en nuestro crecimiento económico".
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